La fiscalía surcoreana investiga al presidente, Yoon Suk-yeol, por aprobar la ley marcial en la noche del martes. A Yoon se le acusa de insurrección, un delito que no está cubierto por la inmunidad presidencial, y para el que la ley contempla largas condenas de cárcel e incluso la pena de muerte. La noticia, revelada por la agencia oficial Yonhap, sigue a la denuncia presentada por la oposición contra Yoon y otros altos cargos de su Gabinete. La policía también investiga por el mismo delito al ministro de Interior y al ya dimitido ministro de Defensa.
Es un giro inesperado para Yoon. Con su ley marcial intentaba escapar de un cuadro dramático que incluía un apoyo popular hundido, escándalos de corrupción y las zancadillas de la oposición en el parlamento. Lo que se avecina no aliviará su ansiedad: un proceso de destitución y la posibilidad de una condena penal. Lo primero se ventilará este sábado a las 7 pm (hora local) en la Asamblea Popular, según la prensa local. Será una votación apretada la que fije el destino de Yoon. Su formación, el Partido del Poder Popular (PPP), ha exigido esta mañana a sus diputados que la rechacen en bloque. De que asuman la disciplina de voto dependerá el resultado. El Partido Democrático y sus formaciones afines cuentan con 192 votos y necesitan arrancar ocho de la bancada conservadora para alcanzar los dos tercios. No quiere el PPP que se repita lo ocurrido en la votación nocturna que tumbó la ley marcial con la ayuda de 18 votos de su partido. Cinco legisladores conservadores exigían este mediodía a su líder que se disculpara y, aún más importante, revelaban que no tenían claro su voto.
Presidente impopular
“Esto es una comedia”, zanja Byeungik, profesor de Relaciones Internacionales y cercano al Partido Democrático. Juzga que Yoon, un antiguo fiscal, “sólo sabe de leyes y no está capacitado para gobernar”. Asiente Mikeum Um, artista, hija de norcoreana y votante del PPP. En la polarizada política surcoreana abundan los debates fragorosos, muchas veces en la misma familia. “Estos días, por primera vez, estamos todos de acuerdo: Yoon se tiene que ir”, continúa el profesor. “Volveré a apoyar al PPP en cuanto se haya marchado”, secunda la artista. Es habitual que las raíces norcoreanas empujen hacia los conservadores por su énfasis en el palo hacia Pionyang frente a la zanahoria de los progresistas. A ambos, sexagenarios, el reciente desfile de blindados militares por Seúl les devolvió dolorosos recuerdos de su juventud. El 73% de los surcoreanos apoyan la destitución de Yoon y el 69,5% juzgan sus actos como insurrección, según una encuesta de la prensa local.
La jornada también dejó la dimisión del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, aceptada esta mañana por el presidente. Habrá sido otro mal trago porque el general de tres estrellas, al que conoció en el instituto, era uno de sus consejeros áulicos. A Kim, con apenas tres meses en el cargo, se le atribuyen las órdenes de enviar el Ejército al Parlamento y, según la versión oficial, la recomendación de aprobar la ley marcial. La hemeroteca es caprichosa: cuando fue nombrado en septiembre desdeñó como “pura propaganda” las acusaciones de que aspiraba a dictar algún día la ley marcial para ordenar el país.
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No ha sido la marcha más numerosa en un país que estos días las colecciona pero sí la más simbólica. La han protagonizado una docena de marines veteranos frente a la oficina presidencial para mostrar su bochorno por el rol golpista del Ejército. La protesta ha acabado con dos de ellos rapándose la cabeza porque ese acto simboliza el compromiso máximo según la tradición confuciana. Muchos disidentes pasaron por el barbero durante la dictadura del siglo pasado y las ceremonias públicas de afeitado han acompañado manifestaciones recientes contra las cámaras de videos ocultas en baños públicos, la construcción de plantas industriales, los escudos antimisiles estadounidenses o la corrupción gubernamental.
